El parlamentario solicitó una fiscalización estratégica en las comunas que presentan más votantes que población, además de sanciones para quienes resulten responsables
El diputado y Vicepresidente de la DC, Sergio Espejo, presentó hoy un oficio ante el Servel, para solicitar una completa fiscalización y auditoria a los padrones electorales de las comunas de Litueche, La Estrella y Pumanque, además de fiscalizar, estratégicamente, aquellas comunas que presenten un padrón electoral, superior a la población mayor de 18 años. Ello luego de recibir diversas denuncias que confirman casos de eventuales votantes con domicilios inexistentes.
Al respecto el diputado Espejo solicitó que las autoridades competentes presenten las querellas y acciones a quienes resulten responsables y señaló que : “Tenemos que detener el acarreo y los padrones electorales inflados, ellos destruyen la capacidad de elegir a sus autoridades comunales y evidentemente estamos frente a padrones inflados”.
Asimismo especificó que “en el caso de la región de O’Higgins solo mencionar el caso de la comuna de Litueche y Pumanque, donde la población electoral, los votantes registrados para votar , son incluso más que los habitantes de esa comuna, lo que obviamente no es posible”.
Finalmente el parlamentario espera que las soluciones y sanciones a este caso, se presenten antes de las elecciones del domingo 23 de Octubre y agregó que, “Le solicito al Servel que audite estos padrones, todos los padrones de comunas, donde la población de mayores de 18 años no se relacione con la población habilitada para votar y le estoy pidiendo específicamente en el caso de la situación de Litueche, de Pumanque, de La Estrella en la región de O´higgins, y le estoy pidiendo que presente las acciones judiciales que corresponden, porque adulterar mi domicilio electoral fraudulentamente acarrea penas de cárcel de hasta 540 días y multas de hasta 130 mil pesos, e incitar a otros y organizarlos para cambiar sus domicilios electorales fraudulentamente, tiene una pena de de cárcel de hasta 3 años y un día, multas de hasta $2.300.000 e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos, por lo tanto el Servel tiene las facultades y la obligación de detener una práctica que altera la voluntad soberana de los chilenos y que tenemos que proteger”.
