La nuera de la Presidenta Michelle Bachelet junto a sus abogados en pleno juicio
A las 9:30 de la mañana se dio inició a la formalización de los 13 imputados por el caso Caval, en el cual está involucrada la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon.
Luego de casi 4 horas y media de juicio, el tribunal terminó de dictaminar cada una de las medidas cautelares, las cuales se mantendrán por un año mientras la investigación siga.
Para los dos socios de la empresa Caval: Natalia Compagnon y Mauricio Valero, el juez a cargo, Luis Barría, dictaminó dejarlos con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados del caso. Sin embargo, a Compagnon se le asignó firma mensual el último sábado de cada mes, mientras que a Valero se le asignó arresto domiciliario total, por el delito de soborno.
Para Herman Chadwick Larraín, quién liquidó los predios vendidos a la empresa, sus medidas cautelares fueron de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Lienzo hecho por ciudadanos de la región a las afueras de tribuales
Para los ex funcionarios de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross Weisner, quién también es sobrina de los dueños de los terrenos, y Jorge Silva Menares, ex director de obras públicas de la misma municipalidad, el tribunal dictaminó dejarlos con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Estas medidas se deben al delito de cohecho, por recibir dineros para agilizar trámites de cambio de suelo. El soborno habría sido efectuado por Juan Díaz Sepúlveda, quien también fue formalizado. Las medidas de este último son: arresto domiciliario total y arraigo nacional. Su esposa, formalizada como cómplice, quedará con firma mensual y arraigo nacional mientras dure la investigación.
Patricio Cordero y su esposa Pauline Besserer, también son parte de los formalizados. Ambos quedaron con arraigo nacional, pero a Cordero se le incluirá la medida de firma mensual. Pablo Ovalle y Daniel Huerta, abogados de la familia Weisner, fueron formalizados por el delito de prevaricación, en este caso, por perjudicar a posibles clientes en la compra de estos terrenos. Ambos quedaron con firma mensual en comisarías de Providencia y Vitacura, respectivamente. Andrés Orchard, quien es parte del estudio de Chadwick Larraín, también quedó con firma mensual. María Clara González, síndica del mismo hombre, quedó con la misma medida.
Si bien las medidas cautelares no cumplieron con las expectativas del público, el fiscal a cargo, Luis Toledo, en un punto de prensa dado posteriormente, se mostró conforme con las resoluciones. En ningún momento la defensa negó aceptar alguna de las medidas cautelares impuestas, por lo que el juicio no se prolongó más de un día. La investigación se desarrollará durante un año, a la espera de nuevas informaciones en el caso.
