En las últimas horas los ministros de la corte de apelaciones de Rancagua acogieron, y declararon admisible, el recurso de protección interpuesto por el abogado Luis Felipe León en favor de los vecinos del loteo El Polo y las villas Santa Josefina y Parque San Andrés, quienes se verían afectados por el proyecto de conexión vial Rancagua-Machali que pretende implementar el MOP y que se encuentra en fase de estudio de ingeniería.
El consejero regional Lenin Arroyo, que recientemente solicitó una comisión en el Core para tratar el tema y que ha apoyado permanentemente la causa de los vecinos, señaló que “me parece de toda justicia que el tribunal haga valer los derechos constitucionales de los ciudadanos que están siendo pasados a llevar por este fracasado gobierno, por la ineficiente seremi del MOP y por todos aquellos que entre cuatro paredes cambiaron el año pasado el trazado de este proyecto. No pueden arrasar con un parque urbano, ni menos, asesinar la vida de barrio de adultos mayores, niños, y cientos de personas que disfrutan de un espacio ecológico amable y sin contaminación”.
“Iremos a Contraloría”
El consejero regional Lenin Arroyo agregó además que “aquí hubo irregularidades, ellos cambiaron el trazado sin consultarle a los vecinos. Eso es grave. Lo hicieron a espaldas de la ciudadanía y por ello recurriremos a la contraloría para que asuman su responsabilidad quienes quieren imponer este proyecto a la fuerza. Ello porque hubo vicios también, en la etapa de consulta ciudadana. Si es necesario, realizaremos acciones ante el ministerio público por el actuar negligente de estos funcionarios públicos del MOP” aseveró la autoridad del gobierno regional.
Dijo Lenin Arroyo, que la ciudadanía no se opone al proyecto, sino que vuelva a su punto de origen, al primer trazado, “porque ellos lo cambiaron por presiones políticas o religiosas, porque alguien influyó para perjudicar a los vecinos e iremos tras ellos y descubriremos sus nombres. Vamos a ir hasta el final para saber quién dio la instrucción y manipuló el proyecto para cambiar ese trazado. Aquí alguien tiene que responder y los denunciaremos públicamente”.
En tanto, el tribunal de alzada dictaminó oficiar a los requeridos Jessica López Saffie ministra de obras públicas, al director nacional de vialidad Horacio Pfeiffer Agurto, a la seremi de obras públicas de Ohiggins, Maria de Los Ángeles Latorre Escandón y al director regional de vialidad, Maurice Dinstrans, quienes deberán evacuarlo dentro del plazo de 10 días y acompañar a su informe todos los antecedentes que obren en su poder y que digan relación con acción cautelar, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicarle algunas de las medidas que contempla el N°15 del auto acordado de la corte suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales.
