De acuerdo a lo informado por Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), un 95 por ciento de los reclamos ingresados a su institución el primer semestre de 2020, corresponden a operadoras pertenecientes a la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (ATELMO), quienes no habrían cumplido con el servicio de conexión a internet que se les ha contratado.
El pasado 20 de Julio entró en vigencia la Ley que “Establece la Obligación de una Velocidad Mínima Garantizada de Acceso a Internet”; una normativa creada por los Senadores Juan Pablo Letelier, Guido Girardi y Francisco Chahuán, la cual busca que usuarios y usuarias comprueben, de forma autónoma y transparente, si reciben la conexión a internet que efectivamente contrataron.
Este texto legal indica la creación de una plataforma para autofiscalizar la velocidad de internet fijo y móvil, generando además herramientas que permitan el reclamo y solicitud de compensaciones, para quienes no reciben el servicio que comprometieron las empresas de telecomunicaciones, respectivas.
En el marco de esta nueva Ley, sus autores llegaron a la SUBTEL para conocer los registros ingresados al Departamento de Gestión de Reclamos (DGR) de la institución, durante el primer semestre de este año, que develan que un 95 por ciento de ellos corresponden a informaciones que dan cuenta de la insatisfacción de clientes respecto a sus conexiones contratadas, tanto en internet fijo y móvil; una situación que se ha visto fuertemente incrementada en tiempos de pandemia.
Según indicó la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, entre enero y junio de 2020, el DGR recibió un total de 51.612 reclamos, de los que solo en junio es posible detectar un aumento de un 254 por ciento, en comparación con septiembre de 2019. De la totalidad de los reclamos, Movistar ocupa la delantera con 16.560, seguidos por VTR (13.575), Entel (11.797), Claro (4.593), Mundo Pacífico (2.015), Wom (1.981), GTD (361), Virgin (69) y otras (661).
“La industria nos ha engañado sistemáticamente”
Tras conocer las cifras y los aumentos de reclamos de usuarios, el Senador y Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Pablo Letelier señaló, “Los reclamos, no son nuevos… no nos engañemos, se han empeorado con la pandemia. Pero estamos frente a una industria que nos vende cosas que no tiene capacidad de entregar. La industria nos ha engañado sistemáticamente, vendiéndonos 100, 200, 500, de velocidades de subida y de bajadas y ¡no cumple!”, afirmó.
Frente al aumento de reclamos durante el primer semestre de 2020, Juan Pablo Letelier destacó la relevancia que tendrá la Ley de Velocidad Mínima Garantizada y lamentó la “incapacidad” de las empresas de telecomunicaciones en esta materia. En este sentido, agregó que “Nos han mentido. Esta es una industria que ha sido mentirosa y eso es lo que cambia con este instrumento de medición, con los estándares técnicos, con lo que ha salido de Contraloría, respecto al organismo autónomo que también indica la Ley. Con estas herramientas, la industria no podrá seguir mintiendo”.
Por otra parte, el legislador de la Región de O’Higgins manifestó que con los antecedentes entregados por la SUBTEL cobra mayor urgencia el Proyecto de Ley de su autoría y que está en discusión en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, que busca que internet se considere un Servicio Público Fundamental, siendo determinante para la disminución de la brecha digital.
“Hoy tenemos el debate sobre el acceso universal a internet, que este sea un derecho para todos, sin importar que uno viva en una comuna u otra. Es un engaño que esto sea solo un problema de las zonas rurales; en las zonas urbanas donde hay zonas rojas -como se les llama técnicamente- y a la industria no le interesa, no hace la inversión. En la Pintana, por ejemplo, que es muy urbano, la calidad del servicio es pésimo y si uno va a ciertas comunas en la zona nororiente de Santiago, el servicio es muy superior”, explicó el Senador Letelier.
Finalmente, el parlamentario PS llamó a la comunidad a estar atentos “a la mentira de la industria. Dirán que esta facultad de cada uno de medir la velocidad de internet en sus casas generará resultados incorrectos, dirán que la plataforma nos robará los datos personales, montarán una campaña en contra de esta medición. Dirán que esta ley invadirá nuestra privacidad… ¡todo eso es falso! Quienes controlaremos la información seremos los usuarios y eso es lo que le duele a la industria, porque se demostrará que nos han mentido. Con esta ley no podrán seguir vendiéndonos cosas que no nos podrán entregar”, sentención.
De esta forma, el servicio de conexión a internet que grandes empresas de telecomunicaciones ofertan en el mercado están bajo la estricta mirada de instituciones públicas y del Congreso, que buscan no solo evitar su incumplimiento con usuarios y usuarias, sino que también seguir generando dificultades e inequidades de acceso, las cuales han sido más evidentes en tiempos de la crisis sanitaria que ha vivido el país.